Gran labor del Defensor del Pueblo en la protección del Medio Ambiente

Destacamos su papel para garantizar el cumplimiento de la normativa de protección de la avifauna frente a las electrocuciones y colisiones en líneas eléctricas de alta tensión.

De los 20.616 expedientes gestionados por la institución en 2019, 1.423 hacían referencia a temas ambientales.

La labor ambiental del Defensor del Pueblo para garantizar que las administraciones velen por los recursos naturales y la salud de las personas es fundamental. Tal como se establece en su informe anual de 2019 “El derecho a un medio ambiente adecuado obliga a ello, si de verdad se quiere entregar a las generaciones futuras un mundo con garantías”.

El Defensor realiza todos los años numerosas actuaciones relacionadas con temas ambientales, desde expedientes relacionados con la contaminación en sus diferentes vertientes (aire, suelo, malos olores, ruido, electromagnética), a la denuncia del deficiente acceso a la información ambiental por parte de administraciones y entidades públicas, las carencias en algunas Evaluaciones de Impacto Ambiental o en la conservación de los recursos naturales.

Avances contra la electrocución y la colisión en líneas eléctricas

De todas esas actuaciones, destacamos los avances obtenidos en la protección de la avifauna contra la mortalidad provocada por la electrocución y la colisión en líneas eléctricas de alta tensión. En 2018 la organización presentó una queja ante del Defensor del Pueblo alertando de la deficiente aplicación en ocho comunidades autónomas del Real Decreto 1432/2008 que establece medidas en esa materia. En aquellas fechas, Asturias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, no habían establecido aún Zonas de Protección de Avifauna frente a las electrocuciones y colisiones de avifauna, tal como obliga esta norma. Además, junto con Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Extremadura, Galicia y Madrid, con un retraso de 10 años, no habían elaborado y publicado los listados de líneas eléctricas peligrosas, a partir de los cuales poder adoptar medidas de corrección y solicitar a los propietarios de los tendidos actuaciones de protección frente a la electrocución.

Tras la presentación de la queja, y con la labor realizada por la oficina del Defensor del Pueblo frente a las administraciones públicas, informando en todo momento a SEO/BirdLife de su labor de mediación y técnica, se han obtenido avances en la aplicación de la normativa de protección frente a la electrocución de la avifauna. Todas han aprobado sus zonas de protección (a excepción de Melilla) y cuatro, de las ocho que quedaban, han aprobado sus listados de tendidos peligrosos, estando únicamente Aragón, Asturias, Cantabria y Galicia pendientes de su aprobación.

Según Asunción Ruiz, Directora Ejecutiva de SEO/BirdLife: “El derecho al medio ambiente sano es un derecho fundamental. El papel del Defensor del Pueblo en su aplicación es esencial, defiende los derechos de la Constitución y las libertades públicas de la ciudadanía supervisando la actividad de las administraciones públicas españolas. Hoy, cuando la transición ecológica es incuestionable, el papel de instituciones como esta que garantizan la conservación del medio ambiente y nuestro propio bienestar, es de gran valor para construir una sociedad donde haya una mayor justicia ambiental”.

Guardianes de la Naturaleza

Las agresiones contra el medio ambiente son uno de los principales factores que amenazan el estado de conservación de la biodiversidad en Europa y en el resto del mundo. SEO/BirdLife lucha contra las agresiones ambientales desde diferentes ámbitos y actualmente tiene en marcha el proyecto LIFE Guardianes de la Naturaleza para mejorar la efectividad y la eficacia de las acciones dirigidas a combatir los delitos contra la naturaleza.

Está coordinado por SEO/BirdLife y cuenta con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, la Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), y el Servicio de protección de la naturaleza de la Dirección General de la Guardia Civil (SEPRONA), como socios beneficiarios. Los cofinanciadores son la Dirección General de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Canarias, la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana y el Ministerio para la Transición ecológica (MITECO).

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