ONG ecologistas denuncian que Murcia desproteja el medio ambiente escudada en la COVID-19

El Gobierno de la Región de Murcia ha aprobado dos decretos leyes que permiten un aumento significativo de la contaminación y de los residuos, al tiempo que facilitan nuevos crecimientos urbanísticos.

Lejos de beneficiar al interés público, lo que hacen es favorecer intereses privados, perjudicando el medio ambiente y la salud pública del conjunto de la sociedad murciana. No solo Murcia ha aprobado este tipo de normativa, también Andalucía y otros territorios han anunciado o aprobado reformas legales similares, usando la pandemia como excusa.

Las principales organizaciones ambientales, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, se han mostrado profundamente alarmadas por los cambios legislativos que ha llevado a cabo el Gobierno de la Región de Murcia. Escudándose en la crisis sanitaria y económica provocada por la COVID-19, la Asamblea regional ha aprobado dos decretos leyes que modifican cuatro leyes: la Ley de Puertos, la Ley del Suelo, la Ley de Vivienda y la Ley de Protección Ambiental Integrada.

Paisaje litoral en el Mar Menor de Murcia.

Estas medidas se suman a la tendencia del Gobierno regional en el desmantelamiento de la política ambiental. Las sucesivas reformas han ido siempre en el sentido de reducir tiempos, supuestos sometidos a evaluación y garantías administrativas y ambientales, mientras la administración ambiental se mantenía en una estructura infradotada de medios personales, económicos y materiales. De hecho, hace unos meses se propuso externalizar el personal que tramita las autorizaciones ambientales y se dedica a la inspección, para dejarlo en manos de un ente llamado Agencia Regional de Clima y Medio Ambiente, ARCA, formado por personal precario y que no ofrece garantías de independencia y objetividad al servicio del interés público.

Otro aspecto que preocupa a las organizaciones ambientales es el hecho de que se utilice la herramienta del decreto ley, que evita la participación pública, el dictamen de órganos consultivos, como el Consejo Jurídico o el Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente, y de otras administraciones.

Las organizaciones han calificado las medidas como “decretazos” y han denunciado que los cambios más negativos que estos suponen son los siguientes:

Aumento de la contaminación. Se permite aumentar hasta un 30 % el consumo de recursos naturales, la producción de residuos, la generación de vertidos y emisiones y en general la contaminación, sin evaluación ambiental alguna. Un retroceso intolerable cuando la tendencia debería ser ir hacia una economía más descarbonizada, menos contaminante y más sostenible.

Reducción de controles. Se menguan las ya escasas garantías de una evaluación independiente y objetiva de los proyectos, poniendo en manos de los ayuntamientos la evaluación ambiental de los nuevos planes de desarrollo y sus proyectos de urbanización. Además, se deja en manos del Consejero de Fomento, o de un Director General bajo su mando, decisiones que hasta ahora pasaban por el Consejo de Gobierno, lo que limita incluso los controles de los socios de gobierno.

Autorizaciones exprés. Se reducen las garantías de evaluación adecuada y suficiente, al disminuir los periodos de consulta y de información pública, y al ofrecer autorizaciones exprés en 30 días a las modificaciones y ampliaciones de las instalaciones que consideren como “no sustanciales”. Esto dará lugar a autorizaciones apresuradas que aumentarán el descontrol, la contaminación y otros impactos ambientales, especialmente teniendo en cuenta los raquíticos recursos dedicados a inspecciones ambientales.

Los cambios legislativos aprobados en Murcia favorecen los beneficios privados a corto plazo a costa de eliminar una parte sustancial de los controles ambientales existentes, que son ya muy insuficientes, lo que tendrá muy negativas consecuencias ambientales, sociales, económicas y de salud pública. El colapso ecológico del Mar Menor es un magnífico ejemplo de estas dinámicas: primar el beneficio privado empresarial no genera mayor riqueza y bienestar para el resto de la sociedad; al contrario, los problemas ambientales que se originan al final repercuten sobre la ciudadanía y otros sectores socioeconómicos, generando un perjuicio colectivo mayor.

De nuevo, en la Región de Murcia, el Gobierno sigue ahondando en un modelo económico contaminante y de gran impacto ambiental y social, en un contexto en el que la amenaza del cambio climático está llevando a muchos países a cambios hacia modelos económicos menos contaminantes y más sostenibles. Y más teniendo en cuenta que la murciana será una de las regiones más amenazadas por las consecuencias del cambio climático.

La misma dinámica en otros territorios
Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han alertado de que esta dinámica de rebaja de la normativa ambiental se está poniendo en práctica en muchos más territorios, algo absolutamente incompatible con la declaración de emergencia climática actual y que contradice la crisis ecológica a la que es necesario atender con urgencia.

Algunos ejemplos:
– La modificación de la normativa ambiental realizada por la Junta de Andalucía, que actualmente está paralizada tras admitirse a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de España.

– El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha impulsado la tramitación del anteproyecto de ley del suelo para impulsar y reactivar la actividad urbanística que los promotores no tengan que solicitar licencias urbanísticas y sirva una simple declaración responsable, apostando por una salida a la crisis basada en la misma receta que condujo a la crisis de 2008.

– En Galicia la Xunta aprobó reactivar la tramitación administrativa en materia de evaluación ambiental de 975 proyectos que estaban paralizados por el Estado de Alarma. Se trata de proyectos sensibles, como vertederos, líneas de alta tensión o parques eólicos en zonas de alto valor natural, que generan un gran rechazo por su gran impacto ambiental, social y económico, según han denunciado los más de treinta colectivos y organizaciones que han firmado por este motivo una “Alerta ambiental”.

– En Cataluña se aplaza el impuesto de CO2 cuya recaudación era finalista para el medio ambiente hasta como mínimo 2021, lo que supone un retraso en las políticas de lucha contra el cambio climático y un recorte de los fondos disponibles para nuevas políticas ambientales.

– El gobierno de Baleares ha aprobado un polémico decreto ley que permitiría a las grandes empresas hoteleras ampliar sus instalaciones un 15 % entre otras drásticas medidas, como congelar la ecotasa o la posibilidad de acometer reformas en establecimientos sin necesidad de licencia previa.

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