Los delitos contra el medio ambiente se han más que cuadruplicado en la última década en España

Un informe de SEO/BirdLife muestra un firme crecimiento en el número total de delitos contra el medio ambiente que llegan a los tribunales: se pasó de 130 delitos en el 2007 a 606 casos en el 2017. Los casos de maltrato animal esclarecidos por el SEPRONA se han cuadruplicado entre 2009 y 2017 y se multiplicó por 14 el número de condenas por este delito. Las diligencias abiertas por la Fiscalía General del Estado en casos de maltrato de animales domésticos han aumentado más de un 1.000 por ciento.
El maltrato de animales domésticos es el delito medioambiental que más ha aumentado en España durante los últimos años. Tanto los hechos conocidos por la Guardia Civil, como las acciones de las fiscalías ambientales muestran un fuerte crecimiento de los delitos ambientales perseguidos durante la última década: si en 2007 se computaron 130 delitos, en 2017 la cifra se había multiplicado por 4,6.

Así se desprende del primer avance de un estudio inédito de SEO/BirdLife sobre la efectividad del derecho penal español en la defensa del medio ambiente. Según este informe, que forma parte del proyecto LIFE Guardianes de la Naturaleza, la inmensa mayoría de los incumplimientos de la legislación ambiental se catalogan como infracciones administrativas —entre el 97 y el 98 por ciento del total de presuntos ilícitos—, mientras que los delitos ambientales, los perseguidos por el Código Penal, rondan el 2 por ciento desde hace una década.

Menos infracciones, más delitos

No obstante, en los últimos años parece dibujarse una tendencia que muestra un descenso relativo de las infracciones administrativas acompañado por un aumento progresivo de los delitos. En este último grupo, los delitos contra la fauna representan aproximadamente un tercio del total de los hechos conocidos por el SEPRONA de la Guardia Civil como posibles delitos medioambientales.

De nuevo según los datos de la Guardia Civil, la mayoría de las infracciones penales en el ámbito de la flora y fauna son por la caza ilegal y el maltrato de animales, mientras que los hechos penales conocidos respecto a la pesca ilegal y al tráfico ilegal se mantienen en cifras más bajas, se aprecia una tendencia decreciente desde el 2013 en los delitos de caza (en su punto más bajo representa un descenso en un 50% respecto al 2009). Por el contrario, desde ese mismo año se puede ver un incremento de los delitos de maltrato o abandono (desde el 2009 experimenta una subida superior al 400%) que llegan a representar en el 2013 el 85% de los hechos conocidos sobre flora y fauna.

Fiscalías y tribunales más activos contra el maltrato

Además de los datos de la Guardia Civil, el estudio de SEO/BirdLife escudriña las memorias de la Fiscalía General del Estado, el CGPJ y el INE. Las diligencias de investigación por presuntos delitos medioambientales realizadas por la Fiscalía se mantienen relativamente estables desde el año 2008 en torno a las 1.500 anuales (la media del periodo analizado es de 1.448), con la excepción de los años 2013 y 2015 cuando la cifra es inferior.

Sin embargo, aumenta de manera sostenida y significativa el número de acciones por casos de maltrato animal: desde 2008, las diligencias de investigación anuales se han multiplicado por 11 —pasan de 15 a 175—; y los procedimientos judiciales incoados se multiplican por ocho —de 108 procedimientos en 2008 a 914 en 2017—.

Más sentencias condenatorias

Además, resulta especialmente llamativo el aumento en el número de sentencias condenatorias por delitos ambientales en general y por maltrato animal en particular. Si el número total de sentencias condenatorias por delitos ambientales se ha triplicado desde 2008 a 2017, pasando de 219 a 773 condenas al año, el de condenas por maltrato animal muestra un enorme aumento relativo, si bien las cifras absolutas aún son bajas: en 2008 sólo hubo 11 sentencias condenatorias por maltratar animales, pero en 2017 la cifra fue de 163 condenas, catorce veces más en apenas una década.

Según David de la Bodega, responsable del Programa Legal de SEO/BirdLife, “el aumento en el conocimiento, esclarecimiento y las sentencias condenatorias en los delitos contra el medio ambiente no necesariamente suponen un aumento de la criminalidad ambiental. Más bien, estos datos pueden estar reflejando la especialización y capacitación de agentes de medio ambiente, SEPRONA y fiscalías ambientales, lo que está permitiendo tener un mayor conocimiento de los delitos que se vienen cometiendo y poder determinar la responsabilidad de los autores”.

Para Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife, “estos datos también pueden estar hablando de la creciente sensibilidad social frente a los delitos ambientales; cada vez más personas y organizaciones dan el paso de denunciar las posibles infracciones que detectan; como ciudadanía, cada vez somos más conscientes de que no podemos mirar hacia otro lado, no podemos callar frente a las agresiones contra la naturaleza y, además, por suerte, cada vez contamos con policías ambientales más dotados y especializados, y con fiscalías y tribunales más informados y sensibilizados, siendo el papel de las ONG esencial en la denuncia ambiental”.

Todos estos datos se publicarán en un informe exclusivo que verá la luz en octubre y que, por primera vez en España, analiza el carácter disuasorio, la efectividad y la proporcionalidad de las sanciones penales impuestas en nuestro país por delitos contra el medio ambiente. Este informe está siendo elaborado, en colaboración con el Programa Legal de SEO/BirdLife, por Teresa Fajardo, profesora titular en la Universidad de Granada, y Juan Luis Fuentes, profesor titular de la Universidad de Jaén, y forma parte del Proyecto LIFE Guardianes de la Naturaleza, contra el Crimen Ambiental. Este proyecto, financiado por el programa Life de la Unión Europea, pretende mejorar la efectividad y la eficacia de las acciones dirigidas a combatir los delitos contra la naturaleza.

Está coordinado por SEO/BirdLife y cuenta con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, la Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), y el Servicio de protección de la naturaleza de la Dirección General de la Guardia Civil (SEPRONA), como socios beneficiarios. Los cofinanciadores son la Dirección General de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Canarias, la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana y el Ministerio para la Transición ecológica (MITECO).

Se disparan las condenas por maltrato animal.

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