Pedimos al Gobierno que garantice el derecho de acceso a la justicia ambiental

Las ONG ambientales declaradas de utilidad pública no pueden acceder a la justicia gratuita pese a ir contra el Convenio de Aarhus.

La legitimación de las ONG ante los tribunales en materia ambiental todavía es discutida en algunos tribunales.
España ha sido denunciada por el Convenio de Aarhus por vulnerar sus compromisos pero el gobierno del PP se ha resistido hasta ahora a solucionarlo.

SEO/BirdLife insiste al Presidente del Gobierno en la necesidad de que España asegure que las ONG ambientales pueden trabajar en el interés común de la sociedad de defender ante los tribunales el medio ambiente y la naturaleza. El Gobierno de Rajoy impidió de forma reiterada el acceso gratuito a la justicia de las ONG ambientales así como a su legitimación en todos los órdenes jurisdiccionales. Por ello, el Convenio de Aarhus dependiente de Naciones Unidas ha llamado la atención a España por vulnerar el Convenio.

En el pasado, durante la tramitación de la Ley presentada por el PP, el PSOE presentó enmiendas en este sentido reclamado por SEO/BirdLife y en la actualidad hay una iniciativa legislativa presentada por Podemos para modificar la Ley con el objetivo de que las ONG ambientales puedan acceder sin trabas a la justicia gratuita.

Asunción Ruiz, Directora Ejecutiva de SEO/BirdLife recuerda a Pedro Sánchez que “el acceso a la justicia gratuita es una herramienta para caminar hacia la transición ecológica. Las ONG ambientales defienden un derecho fundamental, el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado protegido por el artículo 45 de la Constitución Española”; y añade: “Por ello, y del mismo modo que ocurre en otros países y como establecen algunas directivas europeas y el Convenio de Aarhus, debe haber un reconocimiento expreso y sin ambigüedad para que las ONG ambientales de utilidad pública estén legitimadas como organizaciones que defienden el bien común y puedan actuar sin trabas en todos los órdenes jurisdiccionales”.

Derecho a la justicia gratuita

La actual Ley de Acceso a la Justicia Gratuita, paradójicamente, impide que las ONG ambientales con mayor capacidad técnica y jurídica puedan beneficiarse de esa gratuidad. Actualmente, las personas jurídicas sin ánimo de lucro que tengan como fin la protección del medio ambiente tienen acceso a la justicia gratuita si acreditan insuficiencia de recursos para litigar.

Pero sucede que la Ley Orgánica del derecho de Asociación exige también a las asociaciones de utilidad pública que cuenten con los recursos adecuados para garantizar el cumplimiento de sus fines estatutarios. Se genera así un bucle que impide a las ONG ambientales de utilidad pública acceder a la justicia gratuita, ya que para ser de utilidad pública deben tener recursos y, por tener recursos, no pueden por tanto acceder a la justicia gratuita. Esto contraviene lo establecido en el Convenio de Aarhus que obliga a establecer mecanismos de asistencia apropiados encaminados a eliminar o reducir los obstáculos financieros o de otro tipo que obstaculicen el acceso a la justicia

En su día el ministro Alberto Ruiz Ruiz-Gallardón anunció en el Congreso que ampliaría el beneficio de la justicia gratuita a las entidades medioambientales, sin embargo todo quedó paralizado con la llegada del Ministro Rafael Catalán a la cartera de Justicia. Desde entonces nada se ha avanzado. El Gobierno de Rajoy, llegó incluso a vetar una iniciativa de Podemos en el Congreso argumentando, de forma inconsistente, su coste económico.

Legitimación de las ONG ambientales

Actualmente, en los procedimientos penales hay disparidad de criterios sobre la naturaleza de la intervención de las ONG de defensa ambiental. Las ONG deberían poder siempre ejercer la acusación particular en vía penal, en condición de perjudicado, si se reconoce legalmente que actúan en defensa de unos intereses colectivos que quedan afectados por actuaciones que perjudican o dañan el medio ambiente, como los delitos recogidos en el Titulo XVI del Código Penal (ordenación del territorio, protección del patrimonio histórico y del medio ambiente).

Además añade Juan Carlos Atienza, responsable de Gobernanza Ambiental de SEO/BirdLife, que “el gobierno debe asimismo tomar medidas para que se reconozca sin trabas la legitimidad de las ONG ambientales para defender derechos e intereses colectivos ambientales o relacionados con los mismos, en otros órdenes jurisdiccionales, como el contencioso-administrativo y civil, ya que si no lo hacen las ONG difícilmente lo harán otros a favor del medio ambiente”.

 

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