La sociedad civil reclama una nueva política de agua en España

Diecisiete entidades* de la sociedad civil denuncian la política de agua actual, todavía dominada por enfoques productivistas incompatibles con la normativa del s. XXI y demasiado vulnerable al clientelismo y la corrupción

Ante las próximas elecciones generales, proponen al conjunto de partidos políticos y a toda la sociedad española una serie de reformas para la próxima legislatura con el fin de reorientar la gestión del sector en España hacia los valores naturales, sociales y culturales del agua y así sentar las bases para un verdadero uso sostenible del recurso.

 

Agua corriendo en el Parque Natural del Alto Tajo. ©Jordi Prieto-SEOBirdLife

Agua corriendo en el Parque Natural del Alto Tajo. ©Jordi Prieto-SEOBirdLife

 

Ante las elecciones generales del próximo 26 de junio, una amplia representación de
la sociedad civil, constituida por 17 entidades* ambientales y de defensa del agua han presentado una lista de prioridades para la política de agua en la próxima legislatura, recogidas en un documento que se ha enviado a los diferentes partidos políticos y se ha puesto a disposición del conjunto de la sociedad española. En dicho documento diversas organizaciones ambientales, redes y plataformas ciudadanas de defensa del agua y entidades recreativas reclaman una serie de reformas en la normativa, política, gestión e instituciones del agua. Estas propuestas se dividen en dos grupos.

El primer grupo contempla una serie de medidas urgentes, de acción inmediata para el próximo gobierno central; y el segundo propone varias medidas de mayor alcance, a desarrollar a lo largo de la legislatura. Entre las medidas urgentes, destacan:

i) Reconocer por ley el derecho humano al agua en España
ii) Restringir la compraventa de derechos del uso del agua y condicionar el uso de esta herramienta a criterios de transparencia, sostenibilidad e interés general
iii) Revisar el Memorándum del Trasvase Tajo-Segura y establecer hojas de ruta para reducir la dependencia e impactos de los trasvases
iv) Liquidar las Sociedades Estatales de Aguas y devolver sus competencias a la Administración Pública
v) Aplicar una política de recuperación de costes del uso del agua que incentive el uso eficiente del recurso
vi) Acotar la definición de los conceptos de ‘interés general’ y ‘obra de emergencia’ para evitar abusos que favorezcan intereses económicos particulares a costa de los ecosistemas
vii) Paralizar o abandonar de forma definitiva las obras hidráulicas con más conflictos ambientales y sociales (algunos ejemplos son el dragado del estuario del Guadalquivir, trasvase del río Castril, embalses de Alcolea, Yesa, Biscarrués, Mularroya… ) y abrir un debate social amplio sobre otras alternativas 
viii) Potenciar medidas para favorecer los valores naturales del agua:
· revisar los regímenes de caudales
· reactivar la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos
· promover infraestructuras verdes como alternativas a los dragados y encauzamientos fluviales
· ampliar el alcance y la aplicación de la figura de Reservas Naturales Fluviales con la protección urgente de más ríos tramos fluviales, como los ríos Hozgarganta, Genal, Grande y Castril, entre otros.

 

Asimismo, se reclama otra serie de medidas de envergadura para finales de la legislatura:
i) Reformar la Ley de Aguas, los organismos de cuenca y los planes hidrológicos del periodo 2016-2021, para garantizar el cumplimiento de la normativa europea
ii) Revisar los Planes Especiales de Sequía de acuerdo con la nueva planificación hidrológica y criterios sociales y ambientales
iii) Reformar el sistema concesional para ajustar las concesiones a la disponibilidad real del agua y las necesidades hídricas de los ecosistemas y racionalizar y simplificar los trámites administrativos para los usos lúdicos y recreativos
iv) Fomentar una mayor participación ciudadana activa en los debates, procesos y órganos de toma de decisión en torno al agua
v) Impulsar la lucha contra las especies invasoras del medio acuático
vi) Garantizar una mejor coordinación de la política del agua con otras políticas como las de agricultura, desarrollo rural, conservación de la biodiversidad y ordenación territorial
El documento termina con dos anexos sobre las cuencas de los ríos Guadiana y Tajo, como ejemplos que ilustran distintas facetas de la problemática y demuestran la necesidad de reformas de calado en las bases, la organización y la aplicación de la política de agua en España.

Varias de las entidades firmantes que representan a la sociedad civil en los Consejos de Agua a nivel estatal y de cuenca, ya han denunciado a España ante las instituciones europeas por repetidas vulneraciones de las directivas comunitarias en materia de agua. Estas denuncias siguen bajo la investigación activa de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo.

Todos los firmantes se comprometen a trabajar en la próxima legislatura para conseguir los cambios necesarios para encaminar la política del agua hacia la sostenibilidad, la justicia y la legalidad, y así garantizar la calidad ambiental de los ríos, acuíferos y humedales como condición imprescindible para el uso sostenible de este recurso natural tan preciado en nuestro país. Igualmente las entidades firmantes esperan que los partidos políticos recojan
estas propuestas de cara a la próxima legislatura.

*Entidades firmantes de este documento:
AEMS-Ríos con Vida
Asociación en Defensa del Piragüismo y los usos Recreativos del Agua
Asociación Ojos del Guadiana Vivos
Centro Ibérico de Restauración Fluvial
Coordinadora de afectados por grandes embalses y trasvases
Ecologistas en Acción
Fundación Nueva Cultura del Agua
Greenpeace
Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo
Plataforma por la Defensa del Río Castril
Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua
Red Ciudadana por una Nueva Cultura del Agua en el Tajo / Tejo y sus ríos
SEO/BirdLife
Unión Nacional de Pescadores Conservacionista
URA-Nueva Cultura del Agua
WWF
Xúquer Víu

 

 

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