El Partido Popular se echa atrás en su compromiso de aprobar la justicia gratuita para las ONG ambientales

 

El Partido Popular se opuso ayer en el Senado a aprobar una enmienda presentada por la oposición (PSOE, IU y Entesa), tanto en la Ley de Enjuiciamiento Civil como en la de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, para eliminar las trabas al acceso a la justicia en materia medioambiental. Esta enmienda, que defiende la justicia gratuita para las ONG ambientales -las mejores garantes de la protección ambiental en los tribunales-, no sólo tenía por objeto cumplir con la directiva europea de acceso a la justicia, sino también eliminar las trabas que puso el propio PP con la Ley de tasas. De esta forma contradice el anuncio realizado por el ministro de Justicia en el Congreso hace un año. Las ONG ambientales SEO/BirdLife, WWF, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra denunciarán al Gobierno español ante la Unión Europea.

 

Las ONG ambientales son las mejores garantes de la protección ambiental en los tribunales © Vadim Petrakov

Las ONG ambientales son las mejores garantes de la protección ambiental en los tribunales © Vadim Petrakov

Según Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF, “nos ha sorprendido el bloqueo por parte del Partido Popular en el Senado ya que tanto el ministro Arias Cañete como la actual ministra se comprometieron a actuar y a reconocer este derecho de las ONG ambientales; el propio ministro Gallardón anunció la justicia gratuita en materia medioambiental en el Congreso, y así lo recogen las actas”.

 

Paco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción, considera que “este es un paso más en la política del Gobierno y del Partido Popular de poner trabas a los ciudadanos para dificultarnos el acceso a la justicia. En el caso del medio ambiente, además, lo hacen en contra de la legislación europea”.

 

“Esta decisión del Partido Popular nos obliga a llevar este caso ante la UE. Es triste que en nuestro sistema legal los diputados y senadores puedan votar a sabiendas de que algo es injusto e ilegal y no se pueda hacer nada más” ha declarado Liliane Spendeler, directora de Amigos de la Tierra.

 

Por su parte, Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife, señala que “en su momento aplaudimos la decisión de Gallardón de asegurar la justicia gratuita a las ONG ambientales, pero ahora comprobamos que, lamentablemente, el Gobierno incumplirá este importante compromiso. Esto nos desarmará en la defensa del bien común y en el del derecho de todos los españoles a un medio ambiente adecuado, recogido en el artículo 45 de nuestra Constitución”.

 

El acceso a la justicia en materia ambiental es un derecho consolidado desde la ratificación del Convenio de Aarhus por parte de España y de la Unión Europea que se ve vulnerado por la Ley de Tasas y la reforma de la Ley de jurisdicción contencioso administrativa. Conviene recordar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya condenó a Reino Unido por ser la justicia en materia ambiental demasiado onerosa para los recurrentes y demasiado imprevisible.

 

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