El Juzgado Penal numero 3 de Santander ha condenado a un ganadero a dos años de prisión, dos años de inhabilitación para la profesión de ganadero o cualquiera otra relacionada con la ganadería y cuatro años para ejercer el derecho de cazar como autor de un delito continuado contra la fauna por uso de cebos envenenados (artículo 336.2 del Código Penal) en concurso con otro delito continuado por la muerte de especies amenazadas (artículo 334.2 del CP), como es el caso de los milanos reales, catalogados En Peligro de extinción. Además, el condenado tendrá que indemnizar al Gobierno de Cantabria con la cantidad de 90.270 euros por el valor de las especies de fauna silvestre afectadas.
Ejemplar de milano real, como los envenenados en Valdeolea (Cantabria). ©Gabi Sierra
Como compensación del desequilibrio causado en la población de milano real deberá sufragar el seguimiento de las poblaciones invernantes y en época de reproducción en Cantabria en los próximos tres años. El coste de este seguimiento es de 9.500 euros anuales, esto es, un total de 28.500 euros.
Los hechos se produjeron el pasado mes de diciembre de 2011, cuando Técnicos Auxiliares de Medio Ambiente, con la colaboración de la patrulla canina de la Guardia Civil, hallaron varios ejemplares de distintas especies en varios pastos del pueblo de Las Quintanillas, situado en el municipio de Valdeolea. Entre ellos se encontraron 11 milanos reales (Milvus milvus), especie catalogada en peligro de extinción. Los análisis toxicológicos constataron que los cadáveres que fueron levantados por los agentes actuantes contenían un insecticida altamente tóxico.
Además de los 11 milanos reales aparecieron cinco perros, seis zorros, un gato, un cuervo, un busardo ratonero y cuatro buitres leonados muertos en el municipio.
Investigaciones posteriores determinaron la posible autoría de un ganadero de la zona que habría utilizado el veneno para proteger a los potros y terneros de los eventuales ataques que pudieran sufrir.
Agentes examinando cebos envenenados. ©EAV
La investigación clave de la sentencia
Desde SEO/BirdLife consideramos que se ha podido llegar a esta sentencia ejemplar gracias a la meticulosa labor de investigación llevada a cabo conjuntamente por el SEPRONA, los Agentes de Medio Natural del Gobierno de Cantabria y la unidad canina de la Guardia Civil, cuyo trabajo ha permitido presentar ante el tribunal las pruebas necesarias para demostrar la culpabilidad del acusado. Asimismo consideramos muy importante el papel que ha jugado la Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza al personarse y llevar la acusación en la causa lo que nuestro juicio pone de manifiesto la voluntad de la administración en la lucha contra los venenos en Cantabria.
SEO/BirdLife ha ejercido en este caso la acusación particular, con el objetivo de conseguir una sentencia que permita reflejar las consecuencias legales que tiene la utilización de estos métodos de control de predadores y disuadir de su uso. Este es uno de los objetivos específicos que ha tenido el proyecto Life+ VENENO para avanzar en la lucha contra el veneno, junto con la colaboración de las administraciones para dotarles de herramientas normativas adecuadas, mejorar la investigación y vigilancia, buscar medidas alternativas y sensibilizar a la población sobre el problema.
Uso de cebos envenenados
A pesar de ser ilegal y no efectivo, el veneno se sigue utilizando para eliminar depredadores, así como para el control de plagas agrícolas. La colocación de cebos envenenados es una práctica arraigada en nuestros campos, completamente ineficaz para los objetivos que persigue, además de un método masivo, no selectivo y cruento para la fauna. Por ello, está prohibido por la legislación nacional y autonómica y aparece tipificado como delito en el Código Penal. El veneno en el campo supone un riesgo para la salud pública, para el medio ambiente y para las mascotas.
El proyecto Life+ VENENO ha tenido como objetivo lograr una disminución significativa del uso de veneno en España. El proyecto ha contado con la financiación de la Comisión Europea y la Fundación Biodiversidad (26%). Han sido cofinanciadores igualmente el Cabildo de Fuerteventura, la Junta de Andalucía y el Gobierno de Cantabria.
SEO/BirdLife, el Fondo para la Conservación del Buitre Negro y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha han sido los beneficiarios del proyecto.
