Los procesos de participación pública en temas medioambientales, bajo mínimos en Andalucía

 

  • Los principales órganos de participación social de la Consejería de Medio Ambiente no fueron convocados en 2014
  • Sin participación ciudadana no pueden llevarse a cabo políticas verdaderamente democráticas y participativas

 

Vista de los sotos previa a los trabajos forestales. ©N.López-SEO-BirdLife

Vista de la ciudad de Córdoba. ©N.López-SEO-BirdLife

 

Con 2014 se cierra un año más en el que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (CMAyOT) no ha convocado ni el Consejo Andaluz de Medio Ambiente ni el Consejo Andaluz de Biodiversidad, ni su Comité de Fauna y Flora. Aparte de la falta de voluntad participativa, incumple su propia normativa según los decretos57/1995 y 530/2004, que establecen la obligación de convocar, tanto los consejos como los comités, al menos dos veces al año.

 

En la legislación ambiental andaluza se repite hasta la saciedad la palabra participación social, no falta en el preámbulo de sus leyes y decretos y existe una normativa garantista en este sentido. Hay respaldo legal, existen las herramientas pero, ¿de qué sirven si ni siquiera se convocan los órganos de participación?

 

SEO/BirdLife recuerda a la administración pública andaluza su compromiso de implicar de forma activa a la ciudadanía en la toma de decisiones sobre nuestro patrimonio natural, de facilitar la participación social y su obligación de garantizar el derecho y la corresponsabilidad activa de todos los andaluces en su defensa. Sólo así se pueden hacer políticas verdaderamente democráticas y participativas.

 

Sin embargo, en los últimos años hay un “relajo institucional” en este sentido, y no precisamente porque las cosas le vayan bien al patrimonio natural andaluz. Tampoco porque haya habido un parón en las decisiones importantes que ha tenido que tomar la CMAyOT. Simplemente se ha decidido de espaldas a la participación ciudadana. No se ha tenido en cuenta, por ejemplo, que los anteproyectosy los proyectos de reglamentos que afecten a las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia forestal, de flora y fauna silvestres, caza y pesca continental, deben ser informados con carácter preceptivo por el Consejo Andaluz de Biodiversidad. Así, un buen número de leyes, decretos  y reglamentos no han pasado por este Órgano de Participación. Es muy triste que, en determinadas ocasiones, a la participación ciudadana sólo le quede el camino de los juzgados como ocurrió con el  decreto 15/2011 que afectaba a la planificación de usos y actividades en los parques naturales andaluces, que no fue sometido a participación y  que posteriormente, a raíz de recursos de organizaciones conservacionistas, fue anulado por el TSJA.

 

¿Participación efectiva?

 

El problema no es sólo la paralización de los procesos participativos, sino además la escasa eficacia de los que están en marcha. De nada sirve llevar a cabo reuniones si al final no se tienen en cuenta lo acuerdos alcanzados en el comité o quedan sin respuesta los planteamientos de los convocados. Sin embargo, esto es lo que ha ocurrido al ignorar la  CMAyOT lo acordado en el Comité Andaluz de Caza con respecto a las dificultades que atraviesan las poblaciones de conejo en Andalucía y decidiendo finalmente mantener la emergencia cinegética de años anteriores. Tampoco sirve que los participantes hagan propuestas si están quedan sin respuesta, si no sirven para enriquecer la toma de decisiones, si ni siquiera puede saberse por qué no han sido tenidas en cuenta. Es lo que ha pasado con las propuestas de las organizaciones conservacionistas, presentadas en el marco de la Gobernanza del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.

 

 

Según José Eugenio Gutiérrez, delegado territorial de SEO/BirdLife en Andalucía, “hemos de exigir que la administración andaluza cumpla con la legislación y con su compromiso de garantizar la participación ciudadana. Pero nuestra preocupación va más allá. Nos tememos que nuestros responsables lo vean sólo como una cuestión de forma y no de fondo. Nos preocupa que a fuerza de repetirla, la participación ciudadana se convierta en un convidado de piedra en los textos legislativos, en el discurso político. Si al final las propuestas de los ciudadanos y de las partes interesadas no tienen reflejo en la toma de decisiones sobre nuestro patrimonio natural ¿qué más da a cuántos consejos de participación se nos convoque?, ¿qué importa cuál sea el nivel tecnológico de las plataformas interactivas que se desarrollen?”

 

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