En Andalucía, implantar un parque eólico y abrir un bar tendrán los mismos requerimientos ambientales

 

  • El reciente Decreto-ley 5/2014 para “reducir trabas administrativas” [sic] enmienda la Ley 7/2007 y rebaja la prevención y protección ambiental en Andalucía.
  • SEO/BirdLife lamenta que nuevamente se busque una salida a la crisis rebajando garantías en la protección de nuestro patrimonio natural insta a la Junta de Andalucía a rectificar este retroceso. Además hace un llamamiento a la sociedad civil para reivindicar la protección del patrimonio natural andaluz, clave para la recuperación económica.

 

Parque Nacional de Doñana ©CarlosDavila_SEO/BirdLife

Parque Nacional de Doñana ©CarlosDavila_SEO/BirdLife

 

El Decreto-ley 5/2014, publicado en el BOJA del pasado 22 de abril, en su exposición de motivos, está lleno de buenas intenciones. Establece que para salir de la profunda crisis económica, con uno de cada tres andaluces en paro, “una importante mejora de la actividad económica y del empleo podría provenir de la reducción o eliminación de los costes improductivos para las empresas, entre los que se encuentran los provocados por el exceso de burocracia no justificada”. En efecto, es necesario mejorar el entorno administrativo y agilizar sus procedimientos. El problema es que en el articulado de este Decreto-ley se haya entendido como “traba innecesaria” o “exceso de burocracia no justificada” algunos procedimientos de prevención ambiental establecidos en la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. Sin duda un paso atrás en la prevención ambiental y en las garantías de protección del patrimonio natural andaluz.

Los procedimientos de prevención ambiental, con el sentido común del refrán “más vale prevenir…” sirven para evaluar el impacto ambiental de las actuaciones antes de ser autorizadas. Algo fundamental en medio ambiente para cumplir con la obligación de protegerlo, pero también para evitar malgastar dinero y evitar desaguisados como El Algarrobico. Sin embargo, este Decreto-ley desvirtúa en parte los objetivos de la Ley 7/2007 y a partir de ahora, determinadas actuaciones como ciertos tendidos eléctricos o la construcción de complejos deportivos o turísticos en suelo no urbanizable, apenas tendrán que prever su impacto ambiental antes de su autorización.

Pero, sin duda, lo que más llama la atención es que, a partir de este Decreto-ley, un parque eólico con nueve aerogeneradores requerirá la misma normativa sobre la evaluación de su impacto ambiental que la apertura de una cafetería o una academia de baile. Un sinsentido que vulnera la normativa nacional y comunitaria en materia de conservación de la naturaleza (algunos parques eólicos tienen un enorme impacto para la conservación de las aves). Puede que la ausencia de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en el Grupo de Trabajo impulsado por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos de la Junta de Andalucía, de la que ha partido este Decreto-ley, explique en parte esta rebaja en la protección ambiental. Un grave despiste o un nuevo paso atrás al dejar entrever el error político de entender la conservación del patrimonio natural y el desarrollo sostenible como una traba para salir de la crisis. Mayor error, si cabe, al olvidar que en Andalucía vivimos en buena medida de nuestro patrimonio natural y cultural, y que precisamente de su conservación y aprovechamiento sostenible, depende nuestro futuro.

SEO/BirdLife espera que la Junta de Andalucía realice una profunda modificación de este Decreto-ley en su trámite parlamentario que haga innecesario acudir al Tribunal Constitucional o a instancias europeas.

 

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