Lo que la crisis se llevó

¿Crisis? ¿Quién dijo crisis? Lo que está ocurriendo en el medio ambiente de nuestro país no es una crisis; es un verdadero tsunami que se está llevando por delante gran parte de lo construido en esta materia, sin dejar, casi, ni los cimientos. Y lo peor de todo es que la sociedad no parece consciente de lo que ocurre. Los recortes en trabajo, derechos sociales, capacidad administrativa, cobertura sanitaria o derechos laborales eclipsan esta percepción. Pero la información y los números –aquí recogidos- muestran la evidencia.

 

[Artículo publicado en la revista Aves y naturaleza, nº 13. Juan Carlos Atienza, Ana Carricondo y Federico García. SEO/BirdLife]

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Humedal. © J.M. Arcos

La crisis ha reducido la vigilancia del medio natural. © J.M Arcos

Los recortes en los presupuestos de medio ambiente no son ni tijeretazos ni hachazos, se han llevado a cabo directamente con motosierra. En casi todas las comunidades autónomas el departamento que mayor reducción ha experimentado ha sido el de Medio Ambiente y siempre muy por encima del promedio del resto de departamentos. Por ejemplo, la capacidad de gasto de la Xunta de Galicia para 2013 es un 2,5% menor que el presupuesto ajustado de 2012, pero Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas ha sufrido un recorte del 13%, el mayor de todo el Gobierno.

En el Ministerio de Medio Ambiente los recortes fueron de un orden similar. Entre 2010 y 2012 el ministerio recortó un 49% los fondos dedicados a protección y mejora del medio natural y en un 46% los fondos ligados a la conservación de la biodiversidad.

Reducción en la vigilancia

La crisis ha golpeado fuertemente en la capacidad de vigilancia y control en nuestros campos. Al igual que en otros ámbitos de la función pública, las Administraciones están amortizando e incluso suprimiendo plazas de agentes forestales, lo que hace que haya menos personal. Por ejemplo, en Madrid hace diez años que no se convocan plazas de agentes forestales, superando ya la media de edad los 45 años. De hecho, Madrid, junto con Cataluña y Murcia eran comunidades de referencia en cuanto a su capacidad de vigilancia y ya no lo son.

Desde el punto de vista material las carencias son importantes. Los agentes trabajan con los medios que tenían antes de iniciarse la crisis, a los que hay que restar los que ya no son utilizables. Por ejemplo, el parque móvil de Andalucía o Castilla-La Mancha supera los 300.000 km por vehículo, muchos de ellos realizados en monte, y en Madrid se han retirado casi 30 vehículos, lo que hace que se hayan tenido que quedar agentes en las oficinas.

Pero en algunos casos es aún peor, en muchas comunidades autónomas, como Castilla y León, Andalucía y Aragón, está restringido el gasoil. En muchos casos los agentes van de tres en tres y se dejan sin hacer servicios. A SEO/BirdLife, por ejemplo, han llegado denuncias de rapaces heridas o muertas que no han sido llevadas a los centros de recuperación por parte de los agentes en provincias limítrofes por falta de combustible.

Lucha contra el veneno

El problema del veneno en el campo muestra a la perfección lo que la crisis se ha llevado. Andalucía, la comunidad autónoma que más avanzada estaba en la lucha contra este delito, ha reducido a la mitad sus equipos, incluidas las patrullas caninas. Asturias también ha reducido a la mitad su patrulla canina y Extremadura directamente la ha eliminado al considerarla un gasto “excesivo e innecesario”. A esto se añade que no hay presupuesto para hacer las pruebas toxicológicas imprescindibles en la mayoría de las comunidades autónomas. De hecho, ahora mismo sólo se hacen análisis de especies muy amenazadas o emblemáticas, lo que no ha impedido que se generen importantes deudas con los laboratorios de referencia.

Además, las necropsias son de menor calidad al ser efectuadas por personal menos cualificado, al haber reducido profesionales de los centros de recuperación. Finalmente, en varias comunidades autónomas no se han aprobado los planes y protocolos de lucha contra el veneno al no autorizar las consejerías de Economía las memorias económicas, pese a ser casi insignificantes los gastos extra contemplados. Este puede ser el caso de Baleares y La Rioja. Las comunidades autónomas que han aprobado en este periodo su plan lo han hecho sin memoria económica, como es el caso de Castilla y León.

Especies amenazadas

El seguimiento y conservación de especies amenazadas ha sufrido también un gran recorte. Sólo en el Ministerio de Medio Ambiente la partida de ayudas a las comunidades autónomas para planes de recuperación de especies en peligro de extinción pasó de cuatro millones a cero entre 2010 y 2011. Estas han reducido considerablemente el seguimiento que hacen de estas especies sustituyendo el trabajo realizado por personal contratado especializado por el que desarrollan los agentes medioambientales. Esto no sería un problema si a los agentes se les diese la formación adecuada y los medios necesarios, pero este no ha sido el caso. Un buen ejemplo es la no renovación en Castilla-La Mancha de los técnicos que hacían el seguimiento en campo del águila imperial. Por su parte, Andalucía ha echado el cierre al centro de cría del águila imperial de San Jerónimo por su elevado coste económico, e incluso hay problemas para asegurar alimentación suplementaria a las parejas de águila con escasa disponibilidad de conejos en el entorno.

Respecto a los centros de recuperación, o se han cerrado o son atendidos por personal menos cualificado. En Castilla y León se cerraron todos los centros de recepción de ejemplares de las diferentes provincias, excepto los de Burgos y Valladolid, lo que obliga a grandes desplazamientos con los individuos heridos y con la ya comentada limitación del gasoil. Y en Castilla-La Mancha se han sustituido los veterinarios especializados en fauna silvestre por funcionarios dependientes de la Dirección General de Ganadería. De esta forma, algunos de los veterinarios que tendrán la responsabilidad de hacer las necropsias o de salvar un águila imperial tiroteada se han pasado los últimos 20 años haciendo trabajo de gabinete en la Consejería de Agricultura. En los centros de recuperación de fauna de esta comunidad se realizan cada año cerca de 3.000 ingresos de animales, de los cuales un tercio son reintegrados posteriormente a su medio natural, tras una atención especializada. Además, estos espacios reciben más de 10.000 visitas al año de escolares y ciudadanos dentro de los importantes programas de educación ambiental que se imparten en las instalaciones.

La educación que pudo ser…

Los recortes también han llegado a la educación ambiental: de estar considerada dentro de la educación formal como una valiosa asignatura transversal ha pasado a mantenerse sólo gracias al ingenio, entusiasmo y dedicación de los equipos educativos. Pero, en la educación no formal, el panorama todavía es mucho más negro, con cada vez más centros de interpretación cerrados o bajo mínimos y con unos programas que han visto desaparecer o reducir sus actividades. La situación puede ser considerada dramática, con unos recortes de personal que superan el 50% en la mayoría de las comunidades autónomas, importantes cierres de centros de educación ambiental y un aumento considerable en los precios que deben pagar los ciudadanos por acceder a las actividades ofertadas.

Algunos ejemplos ilustran bien la situación. En 2007 el paro en el sector de la Evaluación Ambiental en Galicia se estimaba en el 8% y en 2012 alcanzó el 31%. Además, los educadores gallegos vieron sensiblemente rebajado el número de días trabajados a menos de 100 al año. En Asturias, el 38% de los centros permanece cerrado, el 16% ha reducido su horario y un 13% sólo abre con cita previa. La Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental ha visto decrecer en un 50% su presupuesto durante la crisis y el calendario de apertura de los centros de interpretación de los espacios naturales protegidos de Aragón se ha visto menguado en los tres últimos años en más de un 60%.

Incendios, menos efectivos

El año pasado ha sido uno de los más dramáticos en cuanto a incendios forestales, produciéndose 38 Grandes Incendios Forestales y afectando casi el 60% de los siniestros a importantes espacios protegidos. En 2012 ardieron hasta cuatro parques nacionales a la vez, quedando calcinado casi el 20% del Parque Nacional de Garajonay, y todo ello tras un recorte del ministerio del 20% en la partida destinada a la prevención y extinción de incendios en los parques nacionales.

Bosque quemado.© Sara Sánchez-SEO/BirdLife

Bosque quemado.© Sara Sánchez-SEO/BirdLife

Pese a estos antecedentes, todas las comunidades autónomas han recortado en 2013 el número de efectivos en tareas de vigilancia y prevención de incendios, así como la inversión en recursos materiales. En Aragón se ha reducido el presupuesto en un 12%, en Castilla y León el recorte ha sido del 50% y en Cataluña, del 33%, además de no renovar el alquiler de al menos 40 vehículos y prescindir de la mitad de los medios aéreos.

 

 

Montes en venta

Pero no sólo se protegen peor las masas forestales, sino que se asiste a un proceso privatizador de los mejores montes públicos. El Gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha ha reconocido que está valorando poner a la venta una parte muy importante de los montes de Utilidad Pública propiedad de esta comunidad autónoma, así como de otros espacios forestales de su titularidad.

De los 228 montes de utilidad pública existentes en Castilla-La Mancha, que protegen una superficie de 170.471 ha, el Gobierno ha identificado 57 susceptibles de venta, que suman una superficie total de 40.038 hectáreas. Por su parte, el Gobierno valenciano gracias a la presión pública, paralizó la subasta de cinco montes de utilidad pública en la provincia de Valencia destinados a aprovechamiento privado de madera, biomasa, caza y pastos para una concesión por 20 años.

Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente espera ofertas por la finca de La Almoraima, posiblemente una de las mejores fincas de toda España con el 90% del terreno en el Parque Natural de Los Alcornocales (Cádiz). “Pan para hoy y hambre para mañana”. Probablemente nadie entendería que se vendiera el cuadro de Las Meninas de Velázquez o el Guernica de Picasso por mucha crisis que exista, pero poca ha sido la oposición social a la venta del patrimonio natural.

Merma en desarrollo rural

En materia de agricultura y desarrollo rural, las políticas de mayor peso, tanto económico como territorial son las derivadas de la Unión Europea, es decir la Política Agraria Común (PAC), con sus dos bloques de ayudas. De un lado, las ayudas directas a los agricultores y otros gestores de tierras, financiadas íntegramente por la Unión Europea; del otro, los Programas de Desarrollo Rural (PDR), cofinanciadas por el fondo europeo Feader, pero que requieren una contrapartida de los presupuestos nacionales y regionales.

Mientras los pagos directos se han mantenido constantes, los PDR han visto recortados sus presupuestos significativamente en casi todos los casos. Incluso a pesar de los reajustes, las partidas aportadas por las Administraciones españolas (nacional y regional) no han sido suficientes para cumplir los mínimos exigidos por Feader, de manera que ya se han perdido alrededor de 70 millones de euros de este fondo, y a fecha de hoy hay un alto riesgo, según algunas estimaciones, de llegar hasta los 250, o en la peor de las situaciones hasta 630. Esto significaría, considerando los fondos propios no aportados, no invertir en el desarrollo rural hasta más de 1.000 millones de euros del presupuesto total previsto inicialmente para este periodo (2007-2013).

Por comunidades autónomas, Castilla-La Mancha, Extremadura y la Comunidad Valenciana son las regiones con mayor riesgo y más fondos perdidos ya, aunque a su nivel, Galicia o Madrid también están teniendo problemas para ejecutar su presupuesto.

Al margen o de manera complementaria a estas políticas europeas enfocadas con una visión muy sectorial, cabe destacar otra gran víctima de la crisis en el ámbito del medio rural, la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural y su primer plan de acción. Inicialmente contaba con un presupuesto de la Administración General del Estado de más de 1.000 millones de euros para el periodo 2010-2014. Sin embargo, entre los requisitos de déficit impuestos a las comunidades autónomas y los sucesivos recortes de fondos, finalmente ni siquiera se ha llegado a poner en marcha de manera completa el primer programa, salvo actuaciones puntuales (los llamados proyectos piloto) y la firma de acuerdos con algunas regiones para la ejecución de los planes de zona (La Rioja y Galicia).

Renovables e investigación

Pero estos son sólo algunos de los recortes que se ha llevado este tsunami. Se podría hablar también de la situación lamentable en la que se encuentran las ONG, de la desaparición de ayudas para la conservación del medio ambiente, la ausencia de vigilancia y seguimiento de las declaraciones de impacto ambiental, la merma en la investigación ambiental, el recorte a las renovables, la menor policía fluvial o la casi desaparición de la representación española en los foros internacionales por no poder asumir los gastos de desplazamiento y las cuotas de los foros internacionales.

Investigador. © VCQ

La investigación, una de las afectadas por los recortes. © VCQ

Algunos se contentan pensando que, al menos, la crisis ha frenado la destrucción de hábitat por la construcción de viviendas e infraestructuras, pero lo cierto es que representa una triste situación que nunca podrá compensar todo lo que se está perdiendo.

 

 

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