El Gobierno aprueba la reforma de la Ley de Costas sin tener en cuenta a las ONG ambientalistas

 

  • El Proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral, que reforma la Ley de Costas de 1988, no hace honor a su nombre, ya que debilita la protección medioambiental del litoral y representa un nuevo recorte de un bien público

 

  • SEO/BirdLife considera que el nuevo proyecto de ley adolece de falta de rigor técnico, abre la veda para la especulación entorno a nuevas actividades que se desarrollan en el medio litoral y marino, como la acuicultura y la explotación eólica marina

 

Una vez analizados los cambios en el anteproyecto de ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral aprobado a día 5 de octubre de 2012 por el Consejo de Ministros en el que se modifica la Ley de Costas de 1988, SEO/BirdLife considera que la reforma modifica y reduce los tres pilares básicos de la protección del litoral: el dominio público marítimo terrestre (DPMT), las servidumbres para proteger este dominio y el plazo de las concesiones de ocupación, que se extienden a 75 años.

La nueva ley se plantea como una mejora de la Ley de Costas de 1988, por considerar que “toleraba resultados inaceptables medioamebientalmente”. Pero no soluciona las indefiniciones de la anterior ley, excepto a la hora de garantizar la propiedad privada por encima del uso común.

Falta de rigor técnico
De hecho en muchos aspectos se mantienen o incrementan las indefiniciones, y en opinión de SEO/BirdLife la propuesta adolece de falta de rigor técnico y concreción en aspectos que repercutirán negativamente sobre el medio ambiente y sobre el bien público. Así por ejemplo, no se explicita cuál es el límite de las dunas que es necesario para garantizar la estabilidad de la playa, pudiendo quedar sistemas dunares importantes fuera del DPMT o no se definen criterios objetivos ni se justifica convincentemente la reducción de las servidumbres de 100 a 20 metros, en los márgenes de los ríos hasta donde sean sensibles las mareas, es decir en las rías. Tampoco se explica por qué la isla de Formentera presenta una “especial configuración geológica” que permite excluir ciertos espacios del dominio público marítimo terrestre (DPMT), ni por qué determinados núcleos urbanos quedan excluidos del DPMT sin más. El documento también deja fuera del DPMT a las salinas, de gran valor para las aves en particular, y la biodiversidad en general.

La nueva ley tampoco tiene en cuenta el hecho de que el litoral está sujeto a constante evolución, y que por tanto los límites del DPMT podrían cambiar en el tiempo. En particular no se anticipa a las previsiones existentes sobre el cambio climático y su consecuente incremento del nivel del mar. Aún así, se alargan las concesiones a 75 años, reduce las servidumbres y no propone ningún tipo de política enfocada a prevenir, solventar o minimizar este grave problema.

El proyecto de ley aprobado hoy remarca la necesidad de conseguir una mayor “seguridad jurídica”, lo que se traduce en un mayor blindaje de la propiedad privada en detrimento del uso público, alargando las concesiones y permitiendo la transferencia de las mismas inter vivos. Esto último da pie a la plena inserción del DPMT en el mercado, favoreciendo al desarrollo de nuevas actividades como la acuicultura.

Pese a las alegaciones presentadas por SEO/BirdLife y otras entidades conservacionistas al borrador de anteproyecto de ley, en las que se pedía una mayor precisión en el redactado y un mayor rigor técnico que una reforma legislativa de esta envergadura y calibre requiere, el gobierno ha hecho oídos sordos y ha aprobado el proyecto de Ley sin apenas cambios sobre el borrador. Es decir, no ha apostado por la protección del litoral y sus valores naturales, ni los derechos de toda la población, de manera que la nueva ley no revierte en un beneficio ambiental, social y económico de la costa, así como de todos sus ciudadanos, sino tan sólo en el de algunos interesados.

Para Asunción Ruiz, Directora Ejecutiva de SEO/BirdLife, “la nueva Ley de Costas no se ha realizado por y para la defensa del bien común, pues “recorta” un bien público, “blinda” concesiones privadas y “añade” riesgos financieros y jurídicos al Estado”

 

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